La ministra Irene Vélez se somete a esta hora a un debate de moción de censura en la Cámara de Representantes.
“Lo primero que tenemos que hacer es recuperar las relaciones diplomáticas. Esperamos que esta nos permita tener otras relaciones estratégicas para la política energética. No es el escenario deseable ser dependiente de un recurso, pero si después de consumir las reservas aún necesitáramos suplir nuestra matriz se podría hacer con esa conexión de transporte con Venezuela. Pero para ese escenario tenemos tiempo”, dijo Vélez a mediados de agosto pasado.
Sin embargo, tras la gran preocupación y polémica que se generó en Colombia, la ministra Irene Vélez aseguró que importar gas natural desde Venezuela “no es la prioridad del Gobierno”, porque el foco es la intensificación de producción de las energías renovables.
Esto contribuyó a calmar los ánimos durante los últimos meses. No obstante, este miércoles la polémica revivió por cuenta de una denuncia hecha por la congresista de Cambio Radical Carolina Arbeléaez, quien en medio del debate de moción de censura que le hace la Cámara de Representantes a la ministra Vélez destapó un contrato firmado por Ecopetrol para recibir asesoría jurídica internacional en los futuros negocios de importación de gas desde Venezuela.
Ecopetrol firma con la empresa Eversheds Sutherland un contrato para el servicio de asesoría jurídica internacional externa en aspectos legales, regulatorios y mercado Oil & Gas venezolano para negocios que puedan desarrollarse principalmente para la compra, importación y servicio de transporte de gas natural a Colombia y contratos suscritos, entre otros.
“Están hablando de importar gas desde Venezuela, ¿será que ahora nos tocará volver a cocinar con leña? Ya se cocinó este contrato para importar desde Venezuela” , expresó la representante Arbeláez.
Según explicó la congresista, “este contrato con una empresa española, con domicilio en Madrid, demuestra el negocio que se está cocinando para comprar, importar y distribuir gas desde Venezuela. Está en riesgo la soberanía y seguridad energética, pretenden hacer negocios con la riqueza de los Colombianos”.
El contrato, firmado por 387 millones de pesos, cayó por completo por sorpresa en la plenaria de la Cámara de Representantes, pues hasta el momento ni Ecopetrol ni el Gobierno Nacional habían informado sobre esta asesoría.
Esta denuncia se conoce justo cuando altas fuentes del gobierno indican que en las próximas horas se daría el relevo del presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón.
“¿Será cierto el rumor de que pretenden sacar a Felipe Bayón de la presidencia de Ecopetrol porque no se quiere prestar para firmar contratos con PVDSA?”, se preguntó la representante Arbeláez.
Altos costos
Ese escenario de dependencia del vecino país ha generado rechazo en el país. Pero, especialmente, hizo que los expertos en el sector hicieran serias advertencias sobre lo que podría venir para Colombia si esto sucede.
Una de las voces más fuertes al respecto la elevó Naturgas, el gremio que agrupa a las 29 principales empresas productoras, transportadoras, distribuidoras y comercializadoras de gas natural en Colombia.
“Importar gas incrementaría cinco veces el costo de la factura del servicio para los colombianos, lo que aumentaría la brecha de desigualdad y pobreza en el país. Hay que tener en cuenta que los estratos 1 y 2 concentran 60 % de la cobertura nacional. En los últimos años, Colombia pasó de tener 1,9 millones de usuarios de gas natural a superar los 10 millones, lo que se traduce en que cerca de 37 millones de colombianos ya cuentan con acceso al servicio. Esas cifras ponen al país como ejemplo en materia de penetración y cobertura de este energético en la región”, la presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas.
Fuente : Johan López
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