Pero más preocupante es que esta liberación de los manifestantes de la primera línea comience a ser una exigencia del ELN en la mesa de negociación de Caracas
Es un hecho. Un grupo de personas procesadas por los actos violentos que se sucedieron tras las marchas en todo el país, miembros de la llamada “primera línea”, estarán libres para Navidad, como lo prometió desde campaña el hoy presidente Gustavo Petro.
Lo que pareció en un principio una simple promesa dicha con la única intención de ganar votos en la última recta de la contienda electoral, se convirtió en una obsesión del actual Gobierno, que pasó de anhelo a hecho, y que ha generado todo tipo de críticas, pues lo que está en entredicho es la institucionalidad del país y la independencia del poder judicial.
Hay que partir de una realidad. Quienes están presos en las cárceles colombianas tras los disturbios del paro nacional no lo están por marchar, como lo ha dicho el presidente en distintos espacios. No es que las autoridades hayan interceptado a un par de muchachos que ondeaban banderas blancas y gritaban arengas contra la reforma tributaria de entonces. No, quienes están presos lo están porque incurrieron en actos graves de destrucción de bienes, quema de establecimientos, lesiones a uniformados y civiles, o como en el caso de alias 19, por haber amarrado a un árbol y rociado gasolina a un transeúnte en la Avenida Las Américas de Bogotá.
En Colombia, hasta hoy existe un sistema judicial garantista, en el que a veces se protege incluso más los derechos de los victimarios que de las víctimas, de forma tal que si están presos es porque han pasado por una confirmación de jueces de garantías de que sus conductas en el paro fueron tales que tienen determinadas como medida de aseguramiento la cárcel o la detención domiciliaria. Así que no es cierto eso de que se trate de presos injustamente detenidos. Pero ahora el Gobierno intercede en su liberación y sorprende revelando los nombres de quienes serán liberados.
Serán siete los miembros de la primera línea que quedarán libres en los próximos días y que, según ha explicado el ministro de Justicia, Néstor Osuna, son jóvenes miembros de “organizaciones sociales y humanitarias” que están privados de la libertad, a quienes se les otorgará el estatus de vocero de paz. No recibirán remuneración por esta tarea y buscarán trabajar en la reconciliación de comunidades en conflicto. Es decir, hacer “la paz del barrio”.
Estas personas son dos mujeres y cinco hombres, unos en detención domiciliaria, otros en carcelaria, que fueron apresados por sus acciones en el llamado paro nacional. Se trata de Arles Andrés Bolaños, Adriana Esperanza Bermeo, Santiago Márquez Charry, Laura Camila Ramírez Enciso, Juan Sebastián Galeano, Álvaro Andrés Duque Ruiz y Ever Hinestroza. Estas personas firmarán un acta de compromiso con el comisionado de Paz y buscarán la “facilitación de la convivencia”, tendrán atención psicosocial y deberán tomar un diplomado virtual en resolución de conflictos, mientras su proceso judicial seguirá adelante.
El Gobierno ha insistido en que ninguno de los miembros de la primera línea que serán liberados está vinculado a delitos de lesa humanidad ni a terrorismo, ni que se dará libertad a personas ya condenadas.
Quienes apoyan esta liberación afirman que se trata de un acto de “reconciliación”. Sin embargo, si esta fuera la lógica, ¿por qué no estarán en libertad también y departiendo en Navidad con sus familias los uniformados que también están presos como consecuencia de los excesos de las manifestaciones? ¿Sí fue posible adaptar todo el andamiaje jurídico para poder cumplir esta promesa de campaña, pero no para trabajar también en la libertad de los miembros de la policía encarcelados? “No es posible jurídicamente por tratarse de miembros de la fuerza pública y no miembros de organizaciones sociales y humanitarias”, ha dicho el ministro Osuna. Tampoco era posible jurídicamente hacer lo que hicieron con los miembros de la primera línea, y eso no fue reparo para el Gobierno Petro. No obstante, desde el Gobierno han dicho que serán los jueces quienes tendrán la última palabra en la liberación de estos miembros de la primera línea.
En lo personal, considero esta acción un pésimo mensaje para el país. Es decirles a los jóvenes que la protesta no tiene límites, y que desde el Estado se avala la destrucción de bienes públicos, el atentado contra la fuerza pública y el exceso de la violencia en las marchas.
Pero más preocupante es que esta liberación de los manifestantes de la primera línea comience a ser una exigencia del ELN en la mesa de negociación de Caracas. Y lo digo por lo afirmado por Antonio García, uno de los comandantes de esta guerrilla que está sentando en la mesa de diálogos y que ha asegurado que en la agenda de los diálogos de paz hay un punto, el punto número 2, para hablar de los presos de las protestas. Según ha dicho, dentro de los puntos de la agenda está la “revisión del marco normativo y garantías para la manifestación pública. Tratamiento de la situación jurídica de los sindicados y condenados por actos en la movilización social”, publicó García en Twitter.
¿Es esta liberación un acuerdo pactado previamente con el ELN? El ministro de Justicia y el comisionado de Paz insisten en negar que esto sea verdad. Pero otra cosa dicen fuentes del Catatumbo. Solo sabremos quién miente con el avance de los diálogos con el ELN y las exigencias que se hagan frente a la manifestación pública.
Me temo que iniciamos un capítulo de la historia nacional preocupante, y es empezar a acomodar las normas a los intereses del gobernante de turno. Y ese es el primer paso para empezar a debilitar una democracia, de por sí ya bastante débil, como la nuestra.
Fuente : Semana , Maria Arias
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