Lo único cierto hoy es que no hay certeza de nada y que si bien se aplaude la intención (y obligación) del Gobierno Petro de buscar la paz, no se puede seguir improvisando ni pensando que se está negociando con ángeles redentores.
El pasado sábado, cuando todos los colombianos despedíamos el 2022 con júbilo, al entusiasmo de la llegada del nuevo año se le sumó un trino del presidente Gustavo Petro en el que anunciaba el cese al fuego bilateral con el ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo) y las Autodefensas de la Sierra Nevada.
Sin duda era una buena noticia de fin de año un avance tan rápido en el proceso de negociación de esa paz total, que se convirtió en la obsesión del presidente Petro.
Pero el entusiasmo de la noticia duró poco, pues a solo dos días el ELN desmintió al Gobierno y reiteró que no había tal acuerdo de cese al fuego, y que en este proceso de negociación las decisiones se tomarían de manera conjunta y no por decisiones entusiastas de un solo lado. Lo único que dijo esta guerrilla es que analizará la propuesta en la mesa de negociación.
Nadie entendió lo que quiso hacer el Gobierno con este anuncio, pues lejos de transmitir que los diálogos van tan bien que ya se lograría un cese al fuego, lo que quedó en el ambiente fue una sensación de improvisación, que de fondo denota un afán de demostrar que será este presidente el que logre traer el fin del conflicto armado que tanto anhela un país de sangre como este.
Dicen quienes han analizado por años los distintos intentos de paz con el ELN que este episodio puede minar la confianza en el proceso de los líderes del grupo armado. Este es un grupo irracional con el que ningún Gobierno ha logrado avanzar y que poco interés real ha mostrado en dejar alguna vez las armas.
Ante el bochornoso episodio, al ministro del Interior, Alfonso Prada, no le quedó más salida que invitar al ELN a firmar una tregua.
A esto se suma un hecho que aunque no tuvo el eco que mereciera en los medios nacionales, es igualmente preocupante. Se trata de la denuncia de los periodistas Daniel Rivera y Daniela Osorio, de El Colombiano, que relatan que el 31 de diciembre, en la noche, “los celulares de los capos de las bandas de Medellín y de los duros del Clan de Golfo en Antioquia no paraban de sonar. Todos querían saber quién había negociado el cese bilateral al fuego con el Gobierno. Pronto pudieron comprobar que nadie había negociado ningún cese y todo se trataba de un anuncio apresurado del presidente Gustavo Petro. No solo el ELN ignoraba el cese bilateral, el Clan del Golfo y las bandas organizadas de Medellín y el Valle de Aburrá también lo hacían”.
De modo que tampoco es claro que exista el tal cese al fuego bilateral con las otras organizaciones criminales que anunció el presidente.
Los hechos de los últimos días hacen aún más confuso lo que está pasando. El pasado miércoles, Edwin Patiño, personero de Buenaventura, reportó el hallazgo de un cuerpo abandonado tras registrarse enfrentamientos armados entre miembros del Clan del Golfo y el ELN. Según la comunidad, existirían más víctimas y el enfrentamiento habría causado el desplazamiento de decenas de personas. ¿No hay acaso un cese al fuego del Clan del Golfo y un estudio de una tregua por parte del ELN?
Hoy no es claro si estos grupos en verdad acordaron un cese bilateral.
Pareciera que el Gobierno ha querido anunciar este cese al fuego como una manera de agilizar su búsqueda de la paz total, pues se supone que un acuerdo en este sentido viene después de que se ha avanzado en los diálogos, como una muestra de la confianza mutua que ya han ganado las partes, pero no al comienzo. Y no parece haberle salido bien su intención de revertir las etapas del proceso.
Lo único cierto hasta hoy es que el Gobierno expidió los decretos en los que promulgaba el cese al fuego con los cinco grupos armados y luego tuvo que suspender el que hacía referencia al ELN.
En medio de este caos, tampoco la opinión pública se percató de que estos documentos aclaran que habrá diferencia en el proceso de negociación con cada una de estas organizaciones.
En el caso de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, los decretos aclaran que frente a ellos solo procede el sometimiento a la justicia, pues se trata de agrupaciones delincuenciales de carácter narcotraficante, en las que no existe el fin “altruista” de revertir el orden político, como sí se le reconoce a una guerrilla. De esta manera, solo es posible hablar de diálogos de paz con el ELN, la única de las supervivientes agrupaciones guerrilleras a las que el Estado reconoce su carácter beligerante.
El lío estará con las llamadas Farc-EP y la Segunda Marquetalia, conformadas por disidencias de las Farc, con quienes ya se adelantó un diálogo de paz. ¿Se conserva entonces para estos grupos el carácter político que se les reconoció a las Farc? ¿No aplica para estos grupos entonces las normas establecidas para quienes incumplan el acuerdo, pues muchos de sus miembros firmaron y luego rompieron el pacto de reintegración?
Algunos analistas dicen que con el Estado Mayor Central Farc-EP se podría iniciar un proceso de paz en los mismos términos que con el ELN. Otros sostienen que ya pasó su oportunidad y no les queda más que someterse a la justicia.
Así que lo único cierto hoy es que no hay certeza de nada y que si bien se aplaude la intención (y obligación) del Gobierno Petro de buscar la paz, no se puede seguir improvisando ni pensando que se está negociando con ángeles redentores. Detrás hay un inmenso negocio de narcotraficantes y matones, que bien pueden manipular las “buenas intenciones” de este Gobierno para buscar no la paz, sino la impunidad total.
Fuente : El Tiempo , Linda Rodríguez
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