La embajadora Bettina Muscheidt fue declarada “persona no grata” debido a una supuesta ingerencia de la Unión Europea en la soberanía del país centroamericano.
En las últimas horas, se dio a conocer que la embajadora de la Unión Europea (UE) ante Nicaragua, Bettina Muscheidt, fue expulsada por el régimen de Daniel Ortega por medio de una notificación de carácter verbal entregada por un funcionario de la cancillería no identificado.
Desde la cancillería nicaragüense le aseguraron a Bettina Muscheidt que se le declaraba “persona no grata” debido a una supuesta ingerencia de la Unión Europea en la soberanía del país centroamericano, informaron fuentes del parlamento europeo.
Bettina Muscheidt, es de origen alemán y asumió el cargo de embajadora en de la UE Nicaragua el pasado 20 de septiembre del 2021, con el objetivo de promover un discurso de paz, además de velar por el respeto de los derechos humanos que se van vulnerados por cuenta de conflictos políticos y sociales.
Hasta el momento el régimen no ha emitido un comunicado oficial en el que justifique la decisión tomada con al alta funcionaria.
Nicaragua calificó este lunes las sanciones y bloqueos económicos que enfrenta al igual que otros países por rechazar “el modelo imperialista” como un acto “criminal”, frente a lo que llamó la “dócil” indiferencia de los organismos internacionales.
“Es hora de seguir rechazando los bloqueos criminales, las agresiones llamadas sanciones, ilegales, arbitrarias, ilícitas que ponen en mayor evidencia la perversión de un sistema y un modelo imperialista y capitalista que sigue y pretende continuar castigando y desangrando al mundo”, cuestionó el canciller nicaragüense Denis Moncada, durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York.
Moncada reprochó igualmente lo que consideró “dócil paciencia de los organismos que deberían defenderlo” de estas sanciones.
Estados Unidos y la Unión Europea (UE) han aplicado en los últimos cuatro años sanciones migratorias y económicas a decenas de funcionarios, allegados, familiares y empresas vinculadas al gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega, por actos de corrupción y violación a los derechos humanos.
Las medidas se implementaron a raíz de la represión a las protestas opositoras del 2018 que pidieron la dimisión de Ortega, un ex guerrillero de 76 años que gobierna desde el 2007, tras obtener tres reelecciones sucesivas.
La última fue en 2021 sin rivales de peso, debido al encarcelamiento y exilio forzado de centenares de opositores, según denuncias de la oposición.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, la represión dejó al menos 355 muertos, mientras que el gobierno de Ortega sólo reconoce 200 muertos, entre ellos varios policías y partidarios que afirma fueron víctimas de la violencia opositora.
Ortega, quien ha atribuido las protestas a un fallido golpe de Estado urdido por Washington, rechazó los informes emitidos por la OEA, organismo del cual decidió retirarse el año pasado, como de la ONU, que piden respetar los derechos humanos y liberar a más de 200 opositores presos, entre ellos siete exaspirantes a la presidencia de la oposición.
Aunque Moncada no se refirió al tema, en su discurso calificó esas acciones de “imperialismo hipócrita”. Abogó, así mismo, por una ONU “que nos represente a todos” y se solidarizó con la lucha de países aliados como Cuba, Venezuela, Rusia y Siria, entre otros.
Fuente : Linda Rodriguez
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