Estamos frente al primer examen de importancia para evaluar qué tan sólidas y qué tanto resisten las instituciones colombianas.
El gobierno progresista que ganó las elecciones justamente lo hizo dentro del marco de la democracia. Tuvo la oportunidad de impugnar el conteo en las elecciones legislativas y de maniobrar a sus anchas en la campaña, sin presión alguna del gobierno Duque, opositor a sus ideas.
Si alguna presión se ejerció en el país sobre las elecciones fue por personas al margen de la ley. Anteriormente esa presión la ejercían principalmente los grupos guerrilleros y paramilitares en regiones en las cuales no había presencia del Estado, obligando a la población civil a votar por el candidato de sus preferencias, a riesgo de sufrir las consecuencias en municipios en donde imperaba la ley del monte.
En las últimas elecciones, ese rol de influir lo surtió principalmente la llamada primera línea, un grupo de jóvenes que aprovechó las manifestaciones de miles de colombianos para generar violencia y daños a los bienes públicos. Expuesto está en las investigaciones de la Fiscalía que estos presuntos criminales mataron, torturaron, destruyeron patrimonio público y que fueron abiertamente financiados por exponentes facciones políticas, incluido el senador Gustavo Bolívar. Por esta razón, más de trescientos de ellos fueron capturados y están siendo judicializados de acuerdo con la ley y la Constitución.
Los exponentes de la primera línea no son mansas palomas y al quedar en libertad tendrían razones para convertirse en aliados del gobierno progresista, muy similar a lo que ocurrió con los colectivos chavistas que soportaron a Nicolás Maduro. Sus acciones los alejaron del comportamiento pacífico de la mayoría de marchantes que se tomaron las calles de las principales ciudades del país en la antesala de las elecciones presidenciales de este año. De acuerdo con las acusaciones de la Fiscalía son personas peligrosas para la sociedad, y quedando en libertad podrían acrecentar la inseguridad rampante que está sufriendo el país, así para tranquilidad de la población se les designe como gestores de paz.
El riesgo que corre el país se demostró ya bajo el gobierno Duque que sacó de las cárceles más de 4.000 presos durante la pandemia, generando una situación de inseguridad que siguen manejando las autoridades locales con dificultad. La inconveniencia de soltar a los presuntos delincuentes de la primera línea sin juicio ni valoración de las pruebas genera para la convivencia social un riesgo mayor, siendo este solo uno de los aspectos a tomar en cuenta.
En un país democrático como Colombia, el poder ejecutivo, el judicial y el legislativo tienen autonomía en sus funciones, lo cual es uno de los pilares de la Constitución. El poder judicial es el único poder que tiene como responsabilidad aplicar la ley, garantizando el debido proceso de quienes son acusados. Con respecto al caso de la primera línea, ya las más altas instancias judiciales se han manifestado con respecto a la inconveniencia de liberar a estos presuntos delincuentes sin un juicio justo que permita evaluar las conductas de los imputados de acuerdo con las leyes y la Constitución.
La voluntad de liberar sin juicio a los exponentes de la primera línea rompe equilibrios importantes en el manejo del poder en la nación. Son los jueces los que deben decidir sobre la justicia y la rama ejecutiva, como tampoco la rama legislativa. Si se desplaza el poder judicial, el poder ejecutivo estaría haciendo justicia por sus propias manos, lo cual es inconstitucional y peligroso desde un punto de vista institucional.
La criminales en el país no son de izquierda ni de derecha, son simplemente criminales. Este primer intento del ejecutivo de tomar la justicia en sus manos abre la puerta a una multiplicidad de escenarios en los cuales el Gobierno no solo puede decidir sin juicio quién es inocente, sino que podría, en un abrir y cerrar de ojos, decidir sin juicio quién es culpable.
El presidente emitió un decreto en días pasados irrumpiendo en las funciones de los jueces, liberando a la primera línea. Estas actitudes ya se habían visto en el gobierno Santos, pero no en esta modalidad. Estamos frente al primer examen de importancia para evaluar qué tan sólidas y qué tanto resisten las instituciones colombianas.
Fuente : Johan López
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