Con extrema preocupación veo cómo cada anuncio de este Gobierno es peor que el anterior. Cuando apenas estamos dimensionando las consecuencias sociales y jurídicas del Decreto 2422 firmado por Petro, que permite excarcelar a integrantes de la primera línea que están en prisión por delitos como terrorismo, secuestro, homicidio, tráfico de drogas, daño en bien ajeno, entre otros, se anuncia un programa que podría dejar la puerta abierta para que estas mismas personas tengan un beneficio mensual de un millón de pesos. Con esta posibilidad, el mensaje del Gobierno sería más que contundente: la delincuencia puede ser premiada con los recursos públicos de los colombianos.
El origen de este nefasto decreto está en la llamada “Ley de Paz Total” aprobada en el Congreso por las mayorías de los partidos de la coalición de gobierno. Esta ley, en su artículo 5, señala la posibilidad de suspender órdenes de captura una vez se inicien procesos de diálogo, negociación o firma de acuerdos, tanto para miembros representantes como para voceros de los grupos armados organizados. Esto se parece más bien a una feria de impunidad muy bien orquestada como forma de pagar los apoyos que les dieron en campaña, generando una laxitud en la judicialización de quienes han cometido graves actos de delincuencia.
Además, a través de la figura de “voceros” cualquier delincuente puede evadir la acción de la justicia nacional, e incluso internacional, pues basta con que el grupo armado organizado lo avale para que se suspendan sus órdenes de captura por asuntos pendientes en Colombia o con fines de extradición.
Para agravar más la situación, también pretenden incorporar policías detenidos por presuntos abusos durante las marchas del 2021 como “gestores de paz”, violando completamente el debido proceso. Siempre lo he dicho: ningún miembro de la fuerza pública al que se le compruebe excesos durante las protestas, o que haya disparado en contra de manifestantes, tiene por qué recibir algún tipo de beneficio. También sería grave que por alguna razón se les ocurra entonces ahora nombrar como “gestores de paz” a involucrados en falsos positivos. La aplicación de la ley y el rechazo social a ese tipo de conductas debe ser igual para todos.
Los efectos que genera un ambiente de permisividad con el crimen y la delincuencia desde la Presidencia de la República no se pueden pasar por alto. Es doloroso ver, por ejemplo, el video de un joven consejero de juventud de la localidad de Kennedy en Bogotá, y miembro de la primera línea, a quien algunos hicieron pasar de forma conveniente como desaparecido de manera forzosa por parte del Estado, anunciar uniformado y con armamento en mano su determinación de ingresar a las disidencias de las Farc. Qué error tan grave romantizar la lucha armada cuando tantas víctimas ruegan, diariamente, parar todas las formas de violencia.
Creo en las segundas oportunidades. Creo que es importante reconocer que hay personas que eligen la violencia como camino porque crecen en contextos en los que otras opciones son casi inexistentes. De hecho, en mi alcaldía en Medellín creamos un programa llamado Parceros, en el que acompañamos a jóvenes en riesgo de pertenecer a estructuras criminales para desarrollar proyectos de vida en la legalidad. Una de nuestras propuestas durante la campaña a la presidencia era replicar este programa en todo el país, con buen financiamiento y priorizando a los jóvenes que querían salir adelante por fuera del mundo del crimen.
Presidente Petro, pongo a disposición del Gobierno nacional los aprendizajes de Parceros. Por favor, en lugar de promover la liberación de quienes han delinquido, mejor apoyemos a quienes quieren una vida sin violencia. Reitero que a los jóvenes hay que darles oportunidades y analizar las situaciones sociales y jurídicas particulares. Pero en lugar de premiar a los que se les ha comprobado algún delito sin pasar por procesos de cambio, resocialización o reparación, o entregarles un millón de pesos mensuales a jóvenes que presuntamente han participado en hechos delictivos a través de un programa poco claro que le costaría a la nación más de un billón de pesos al año, confrontemos y desarticulemos a las estructuras armadas que los reclutan y no dan tregua en las regiones.
Acerquemos oportunidades de progreso a los jóvenes a través de políticas de Estado en educación, deporte y cultura, que rompan las barreras de acceso al mercado laboral y los motiven a construir proyectos de vida desde la legalidad. El compromiso verdadero con la paz debe ser con la paz misma como fin último, no con promesas de un salario mensual a un grupo de personas que comparten su visión de país y proyecto político. Me pregunto: ¿qué tiene de diferente esto a lo que hicieron Chávez y Maduro en Venezuela con la creación de los colectivos chavistas? ¿Está usted, presidente Petro, formando sus propios colectivos petristas con dineros de todos los colombianos?
Presidente Petro, “cambio” no puede ser sinónimo de sacrificar los valores y el orden democrático según su visión del mundo. Usted y cercanos a su proyecto, como el señor Gustavo Bolívar, no pueden pasar por encima de la ley para favorecer a criminales. No nos empuje hacia fórmulas de paz improvisadas, forzadas y oscuras, ni hacia reformas antagónicas sin consensos amplios con la gente y los múltiples sectores del país. Ojalá que, cuando los mire y los escuche, no sea demasiado tarde.
Fuente : Semana , Johan López
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