La Fiscalía lidera una investigación para esclarecer supuestas irregularidades al interior de la Universidad Tecnológica del Chocó.
La Fiscalía cuestionó un millonario contrato de la Universidad Tecnológica del Chocó y presentó pruebas sobre presunta corrupción. El exrector David Emilio Mosquera Valencia y dos subalternos fueron salpicados en el proceso.
La lupa está puesta sobre un contrato que se celebró el 21 de junio de 2021 con el propósito de fortalecer las herramientas tecnológicas en las aulas de clase de la sede principal de la institución de educación superior en Quibdó.Para cumplir con ese objetivo, los funcionarios destinaron 1.250 millones de pesos y su ejecución está rodeada de supuestas anomalías que hoy son materia de discusión en un juzgado de la región. Cuatro personas son investigadas.
El jefe de sistemas y soporte técnico, Yunner Eduard Moreno Córdoba, se encargó de los estudios técnicos previos, la supervisión e interventoría; mientras que el jefe de contratación, Leiser Córdoba Mena, asumió la convocatoria de oferentes.
El primer hallazgo es que la licitación nunca se realizó y fue declarada desierta. La Fiscalía argumentó que no se aplicó el mecanismo adecuado de invitación pública y se desconocieron los principios de planeación y selección objetiva, legal e imparcial.
Es decir, este contrato se habría direccionado hacia un particular en específico y el representante legal de la empresa que asumió el proyecto, Francis Yoximar Palacios Sánchez, sería consciente de los antecedentes que habrían viciado el proceso.
Al rector David Emilio Mosquera Valencia, quien figuraba como el representante legal de la Universidad del Chocó, se le alega que puso su firma y le dio el visto bueno a toda la documentación que respaldaba la cuestionada contratación.
A esto se suma que el 31 de agosto de 2021 se certificó que el contratista llevaba un avance del 15,8 % de la obra, sin que existieran pruebas para sostener este argumento. El dato fue suministrado por el jefe de sistemas y soporte técnico.
En ese momento, se autorizó un desembolso de 600 millones de pesos y en septiembre se adicionaron 300 millones de pesos. A juicio de los investigadores, esto no estuvo justificado ni planeado, por lo que representaría una irregularidad.
Frente a esta evidencia, el exrector y los dos funcionarios fueron imputados por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.
En cuanto al contratista Palacios Sánchez se procesó por los supuestos delitos de peculado por apropiación a favor propio y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Él, al igual que los otros tres hombres, no aceptó los cargos.
El ente de acusación solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario contra las cuatro personas mientras avanzan las investigaciones. Por ahora, se está esperando el pronunciamiento del juez de control de garantías.
Fuente : Semana
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