La orden que emitió el presidente sigue su línea de únicamente reconocer dos géneros en Estados Unidos.
Como una de las primeras medidas que tomó el presidente Trump en su vuelta a la Casa Blanca, está la orden a las cárceles federales de alojar a las mujeres transgénero en prisiones para hombres, además de detener tratamientos médicos relacionados con la transición de género en Estados Unidos. El día de su posesión como mandatario del país, aseguró que durante su gobierno solo se reconocerá el sexo asignado al nacer.
La orden ejecutiva, titulada Defendiendo a las Mujeres del Extremismo de la Ideología de Género y Restaurando la Verdad Biológica al Gobierno Federal dice que “los esfuerzos por erradicar la realidad biológica del sexo atacan fundamentalmente a las mujeres al privarlas de su dignidad, seguridad y bienestar”. La orden de trasladar a las mujeres transgénero a prisiones masculinas también aplica para instalaciones de inmigración.
Hay cerca de 1.500 mujeres transgénero en prisiones federales del país norteamericano, constituyen el 15 % de las mujeres encarceladas. El centro de investigación de la Universidad de California, Williams Institute, ha señalado que las personas transgénero representan el 1% de los adultos en Estados Unidos, pero que se enfrentan a afectaciones desproporcionadas del sistema de justicia penal, por la discriminación, el rechazo familiar y de la sociedad, así como a dificultades económicas.
La orden ejecutiva también prohíbe el uso de fondos federales para realizar tratamientos médicos que estén relacionados con la reasignación de sexo, ya sean tratamientos hormonales o procedimientos quirúrgicos. Lo cual podría ser riesgoso para la vida de las personas que tienen un proceso hormonal y no pueden interrumpirlo de manera espontánea.
Luego de la orden de Trump, varias organizaciones de derechos para las personas transgénero en el país han manifestado su desacuerdo y han explicado los riesgos que esta decisión para las reclusas que sean transportadas a cárceles masculinas. Shannon Minter, directora legal del National Center for Lesbian Rights, advirtió que la medida del presidente pondrá en riesgo la seguridad de las prisioneras, al aumentar los casos de agresión y violencia sexual.
“Esto también es perjudicial para los funcionarios penitenciarios, que ahora pierden la capacidad de tomar decisiones basadas en la seguridad y las necesidades específicas de cada caso”, manifestó Minter. Otros expertos legales han afirmado que la decisión podría enfrentar impugnaciones judiciales, debido a que los sistemas penitenciarios de Estados Unidos están obligados a proteger a los presos en situaciones vulnerables.
Grupos por la defensa de los derechos LGBTIQ+ preparan demandas en contra de la nueva orden, mientras apelan al caso Farmer V. Brennan, donde la Corte Suprema de los Estados Unidos había reconocido la vulnerabilidad de las personas transgénero en 1994.
Fuente:Semana
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