Perú necesita elecciones democráticas y libres cuanto antes. También necesita permitir que verificadores internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investiguen los notables abusos de la Fuerza Pública en las protestas que acaban de cumplir un mes sin tener vocación de detenerse. El intento de golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo llevó a su destitución de manera constitucional, eso es cierto, pero lo que no se comprende es cómo la nueva presidenta, Dina Boluarte, ha permitido que las fuerzas del Estado disparen contra la población que se ha manifestado por la frustración que sienten ante la crisis.
El Congreso debería abandonar su egoísmo y reconocer que la crisis institucional se resuelve con más democracia, no apoyando la represión sangrienta que hemos visto.
Perú está bajo un estado de emergencia desde el pasado 15 de diciembre, y lo estará por los próximos 30 días. Este sábado Boluarte, presionada por las protestas que no logra controlar y por los sectores más radicales de la política peruana, expandió el decreto de emergencia.
Eso quiere decir que “quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales”. Un desastre, porque en el marco de esa normativa y en el lenguaje empleado por la presidenta está la visión de que quienes protestan son más terroristas que ciudadanos, lo que no corresponde con la realidad.
Fuente : El Espectador , Johan López
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